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Desde el pasado mes de diciembre ha entrado en vigor la modificación del Código Penal en materia de tráfico, mediante la cual se consideran como delito alguna de las infracciones de tráfico más graves con el fin de luchar contra la conducción temeraria.

El conductor que da positivo en un control de alcoholemia puede ser condenado a penas de prisión de tres a seis meses o a una multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos de uno a cuatro años.

Con esta nueva legislación se castiga con penas de prisión actuaciones como conducir con una tasa de alcohol en aire respirado superior a 0,60 miligramos por litro de aire respirado o 1,2 gramos por litro en sangre, asi como circular a una velocidad superior a 60 Km/h a la permitida por via urbana..

Esta modificación supone que muchos ciudadanos, más de 400 en el primer mes de aplicación, se vean obligados a seguri procedimientos penales que pueden comportar penas de prisión iguales o superiores a las que se puedan imponer a delitos como el de abandono de familia, menores e incapaces.

Por tanto, ante esta situación y, atendiendo al endurecimiento de las penas en materia de seguridad vial, se debe tener en cuenta que en caso de reincidencia en este tipo de delitos podría comportar el ingreso en un centro penitenciario y, en todo caso, la condena por un delito supone tener antecedentes penales.