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Las infracciones de tráfico pueden calificarse como graves, muy graves y leves, las cuales son sancionadas de distinta forma, con importes que varían según su gravedad.

El procedimiento administrativo sancionador comienza por la denuncia de la posible infracción realizada por los agentes de tráfico. Si la autoridad detiene nuestro vehículo por la comisión de una infracción, nos hará entrega de un boletín de denuncia. El hecho de que firmemos el boletín no supone nuestra conformidad con los hechos que se reflejen en el mismo, ni limita las posibilidades de recurso contra la infracción.

El procedimiento se tramita de oficio por la Administración y se desarrolla como a continuación se expone:

* Fase de Alegaciones: Desde la notificación de la denuncia se nos concederán 15 días para formular alegaciones y proponer las pruebas que consideremos oportunas.

Las declaraciones de los agentes tienen valor probatorio respecto de los hechos denunciados y se presumen ciertas. Para rebatirlas, podemos proponer todas las pruebas que consideremos necesarias para mostrar que estas declaraciones no son ciertas.

* La prueba: Una vez propuesta la prueba, el órgano instructor podrá denegarla por considerarla innecesaria o improcedente, denegación que habrá de estar motivada. Contra la resolución que desestime la práctica de prueba también podrá interponerse recurso.

* La resolución: Pone fin al procedimiento administrativo y, tras la valoración de la prueba, estima si los hechos denunciados constituyen o no una infracción de tráfico y, en su caso, la sanción que se impone. La resolución debe indicar de forma expresa si pone o no fin al procedimiento administrativo, los tipos de recursos que cabe interponer contra la misma así como el plazo y el órgano ante el que deben presentarse.