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El 1 de septiembre del año 2004 entró en vigor la Ley Concursalque sustituía la anterior legislación en materia de suspensión de pagos y fallidas. La principal novedad introducida por esta ley era la posibilidad que a parte de las empresas, como había sido tradicional, también pudieran solicitar el concurso las personas físicas.

De este modo, la posibilidad que personas físicas se sometan a un concurso de acreedores, se encuentra ya regulada, a pesar de que a la práctica el procedimiento tiene unos costes muy elevados y que supone que muchas de las personas interesadas al someterse al concurso no puedan acceder.

Por un lado, para que el concurso sea factible es necesario que la persona que se encuentra en situación de insolvencia tenga mecanismos por poder remontar la situación, pues lo que se puede conseguir con el concurso es gestionar todos aquellos créditos que están vencidos y que por tanto son exigibles para conseguir demorar el pago o incluso rebajar en parte las cantidades que se deben.

En cualquier caso, para que este tipo de procedimiento fuera una realidad y estuviera al alcance de todas aquellas personas que pasan por dificultades económicas haría falta tener una legislación más específica para personas físicas y no someterlas la mismo régimen que las empresas.